La noticia corre como reguero de pólvora y el medio de difusión masiva utilizado es -demás está decirlo- la Internet. Los gigantes de la red anunciaron su intención de suspender sus servicios durante 24 horas en rechazo a lo que se considera un atentado oficial estadounidense a la libertad de expresión: la probable aprobación por el Congreso de ese país de la controvertida ley SOPA (Stop Online Piracy Act).
El Congreso de los Estados Unidos emitió la propuesta de la ley, también llamada HR3261, la que establece numerosas restricciones en toda la web, buscando detener la piratería online, y será votada el próximo 24 de enero por todos los miembros del Senado.
En caso de que la ley SOPA se apruebe, implicaría que cualquier sitio sospechoso de infringir los derechos de autor (o copyright), todas las redes, proveedores de pago, anunciantes y demás soportes tendrían que suspender sus servicios a sola denuncia.
Las compañías que se unieron para combatir la legislación son Facebook, Twitter, Google, Mozilla, eBay, AOL, Yahoo, PayPal y LinkedIn, entre muchas otras, y mostraron su desacuerdo desde octubre de 2011, cuando fue presentada inicialmente la ley, conformando una coalición llamada NetCoalition.
El líder del grupo, Marham Erickson, fue el que informó que la posibilidad de cancelar los servicios por todo un día ha sido fuertemente discutida, debido a las implicaciones negativas que tendría para millones de usuarios en todo el mundo.
Entre los principales opositores de la nueva ley antipiratería se encuentra Jimmy Wales, fundador de la enciclopedia web Wikipedia, pues asegura que la SOPA “propone unas herramientas de censura sin precedentes”, ya que “podría provocar muchos cierres de sitios web sin ningún tipo de fundamento sobre si infringen las leyes de derechos de autor”.
Esta desconexión voluntaria del servicio, aunque solo fuera durante algunas horas, supondría sufrir y provocar pérdidas económicas millonarias y colapsar el tejido económico y social de Estados Unidos.
Las implicaciones de SOPA para la libertad mundial no son exageración. Twitter, por ejemplo, fue una de las firmas que tomó una postura activa con respecto a la legislación, logrando que en una hora llegaran más de 23 mil correos electrónicos de ciudadanos a congresistas, manifestándose en contra del proyecto.
De su lado, la Organización activista Avaaz ya cuenta con más de un millón de firmas en contra de la ley y algunos medios de comunicación comercial ya comienzan a dar cuenta del asunto.
Y la lucha de resistencia contra SOPA, incluyó a otros actores de talla estelar cuando el conglomerado Business Software Alliance (BSA), retiró su apoyo inicialmente dado a la SOPA por considerar que dicha ley se extralimita.
La BSA reúne a gigantes de la informática como Apple, Microsoft, Adobe, Intel, Symantec y Dell, entre otros.
La ESA, acrónimo de la Asociación de Software de Entretenimiento, que representa a varias compañías de videojuegos, ha tenido una postura por lo menos ambigua con respecto al proyecto SOPA. Compañías como Eidos, Disney Interactive, Konami, Namco Bandai, Sony, Nintendo o Nvidia no han respondido, mientras que 38 Studios, Capcom, Electronic Arts, Epic Games y Nival son contrarios a la normativa o, por lo menos, dejan en duda su apoyo a la iniciativa congresal.
La polémica ley incluso llevó al gigante Microsoft a declarar que por un lado apoya el proyecto, porque garantiza el combate contra la piratería informática, pero por otro lo rechaza porque atenta contra los derechos fundamentales de los usuarios de Internet.
Los dos grandes defensores de la SOPA son la Motion Picture Association of América (MPAA), que agrupa a las grandes productoras de cine estadounidense, y la Recording Industry American Association (RIAA), que reúne a las grandes compañías discográficas de ese país.
Según estas asociaciones, Estados Unidos pierde anualmente unos 58.500 millones de dólares por culpa de la piratería, mientras que la Cámara de Comercio de ese país, también defensora de la ley, afirma que 19 millones de puestos de trabajo están amenazados por ella.
Polémica Norma
- Proyecto. La Ley contra la piratería en línea (Stop Online Piracy Act), también conocida como HR3261 o la ley Sinde estadounidense, es un proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011, por el representante Lamar Smith y un grupo bipartidista de 12 copatrocinadores iniciales. El proyecto de ley amplía la capacidad de aplicación de la ley de EEUU y los titulares de derechos de autor para combatir las descargas de Internet protegidas por copyright y los derechos de autor de productos falsificados.
- Aplicación. El proyecto de ley autorizará al Departamento de Justicia de EEUU para conseguir órdenes judiciales contra los sitios web fuera de jurisdicción de los EEUU acusados de infringir el copyright. Después de la entrega de una orden judicial, el Fiscal General (AG) de los Estados Unidos podrá exigir a los proveedores de Internet, a los buscadores y redes de publicidad, como Google, y procesadores de pago, como Paypal o Visa, suspender todo negocio con los sitios que vulneran la propiedad intelectual y que violen las leyes federales de propiedad intelectual y a adoptar “medidas técnicamente factibles y razonables” para impedir el acceso al sitio infractor. La AG también podrá obligar a los motores de búsqueda a que se muestren enlaces de los sitios infractores. En otras palabras, aun cuando un sitio se encuentre alojado en un servidor fuera de los Estados Unidos, se vería afectado por cuanto no podría pagar los servicios del proveedor de Internet, no podría recibir ningún pago y el sitio podría ser bloqueado en Estados Unidos para que su contenido no pueda ser visto, igualmente, los motores de búsqueda de Google o Yahoo, tampoco podrían mostrarlo en ninguna parte del mundo.
- Problemas. El lenguaje de la SOPA es tan amplio, sus reglas tan ajenas a la realidad de la tecnología y sus penas tan desconectadas de los delitos que presuntamente busca acabar, que este proyecto puede destruir el comercio electrónico o incluso el uso normal de Internet, según expertos. Eso obligaría a los sitios de alojamiento (hosting), a Google, Yahoo, Facebook, Twitter y Youtube, a monitorear sus contenidos para bloquear los sitios que puedan resultar sospechosos de infringir la ley, por lo que se la considera como un atentado a la libertad de expresión.
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