El escándalo sobre Megaupload, destapado a partir de Nueva Zelanda, trasciende la frontera de esa nación, donde vivía y negociaba el fundador de la red, el alemán Kim Smitf.
Las más diversas fuentes divulgan que Smitf residía en una finca de 30 acres (121 mil metros cuadrados) valorada en 20 millones de dólares en la localidad de Coatsville, en las afueras de Auckland, la capital económica del país con cerca de dos millones de habitantes.
Pocos vecinos, según testimonios publicados en los medios de difusión, lo conocían personalmente y afirmaron que alcanzó celebridad cuando costeó por 250 mil dólares los fuegos artificiales de la última noche del 2011 en esa ciudad.
Pero el llamado destape ocurrió cuando la Policía neozelandesa, con la colaboración de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, lo detuvieron y decomisaron todos sus bienes. Los hechos revelaron que Smitf poseía una veintena de carros de lujo, ordenadores para operaciones ilegales en la red, documentos relacionados con labores en entidades financieras locales, y cuentas y tarjetas bancarias de procedencia indefinida.
La cifra de lo incautado sobrepasó los 25 millones de dólares, pero la suma creció cuando casi simultáneamente se realizó en Hong Kong una operación similar, donde se comprobaron vínculos del alemán con más de 100 empresas de la región, oficinas de costo arrendamiento y hoteles cinco estrellas.
En total, los especialistas estimaron que Smift, alias Dotcom, gastaba entre 110 mil y 120 mil dólares diarios en diversas operaciones e invirtió diez millones de dólares en compañías financieras neozelandesas .
Smift, o Dotcom, fundó en el 2005 Megaupload y de acuerdo con todos los estimados se convirtió en el hombre más rico de Nueva Zelanda, donde fijó a partir del 2011 su residencia.
Las revelaciones públicas indicaron que Estados Unidos decidió el cierre de Megaupload por piratería informática y la violación de derechos de autor por no menos de 180 millones de dólares.
El juicio contra Smift está previsto para el próximo 22 de febrero, con la posibilidad de una condena que supere los 40 años en total y la extradición a Estados Unidos.
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