Fue víctima de la suplantación de su identidad en el ciberespacio, práctica que lo atosigó durante meses. El entonces presidente de la Cámara de Senadores no fue el único, también su colega de la Cámara de Diputados, Héctor Arce. Ambos sentaron una denuncia ante la Fiscalía, contra los autores, coautores, cómplices y encubridores del delito tipificado en el artículo 363 ter del Código Penal: alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.
Uno de los primeros casos en el país ocurrió en 2010, cuando la periodista y presentadora de televisión Marcela Rengel hizo conocer la creación de un perfil de Facebook con su nombre y sin su autorización, lo que violaba su identidad digital en internet. Yanapti, empresa especializada en la investigación de delitos informáticos, la ayudó a dar con la culpable, que elevó una disculpa pública y cerró la cuenta en esa red social.
Este delito es bastante recurrente en personajes públicos: políticos, artistas o periodistas, entre otros, explica Claudia Araujo, experta de Yanapti. “En nuestro medio se han dado bastantes casos, pero no se sacan a la luz por temas de imagen y reputación”. Señala que el ciberdelincuente opera cuando accede o descifra mediante programas informáticos la contraseña del correo electrónico o del perfil de las redes sociales de su presa.
En otros casos, el damnificado no tiene cuenta en Facebook, lo que abre las puertas a que cualquier inescrupuloso abra una con su identidad. “Lo más peligroso es que cuando se comete un crimen (a través de estos portales con identidades falsas), las instancias legales culpan, primero, al titular de esa información, hasta que pueda probar que no fue el autor de la misma”.
Araujo informa que hay varios motivos para cometer esta suplantación. El caso de Martínez podría enmarcarse en personas que buscan dañar su imagen o desplazarlo de su cargo político. En el de Rengel, fue producido, posiblemente, por un sinnúmero de sentimientos, como celos, envidia, venganza, enumera la especialista de la compañía Yanapti.
El experto policial Jimmy Sanga revela otra causa: las estafas en entidades financieras y en Derechos Reales. “En muchos casos se trata de los mismos empleados de las instituciones que (suplantan identidades) para robar dinero o bienes materiales. Pero no son denunciados porque las empresas no quieren perder la confianza de sus clientes. Sólo despiden al infractor y lo delatan a la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) para que sea incluido en su lista negra y nunca más trabaje en entes financieros”.
Marcela Rengel logró atrapar a su suplantadora. No pasó lo mismo con René Martínez, quien comenta que su caso sólo quedó en denuncia, pero sabe que Héctor Arce atrapó a los responsables con ayuda de la Policía. Total, lo que lo deja tranquilo es que ahora hay un solo René Martínez.
Autoridades son víctimas de acoso electrónico
Los primeros días de abril, la gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, Patricia Ballivián, presentó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen la denuncia por el delito de discriminación contra los creadores de una publicación en la red social Facebook, en la que se denigra a sus hijas y a ella.
Paralelamente, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, relató haber sufrido amedrentamientos mediante llamadas a su teléfono celular.
Debido a estos hechos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación del proyecto de Ley en Contra del Acoso y Violencia Política, para evitar la persecución y hostigamiento de mujeres en cargos políticos. La propuesta fue aprobada el 12 de abril por el pleno de la Cámara de Diputados y fue remitida a la de Senadores para su revisión.
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