La intención de controlar las redes sociales en la coyuntura actual es técnicamente imposible porque no se cuenta con un marco jurídico adecuado, además que el propósito tiene un carácter político que busca limitar y controlar la libertad de expresión.
El análisis corresponde al especialista en derecho informático, Pavel Conde, y la vocera de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, quienes emitieron su criterio por separado.
“He escuchado a un legislador que comentó sobre que se tendría que dar la regulación a estos medios masivos (redes sociales) porque estarían vulnerando algunos derechos y estarían sintiéndose discriminados, pero yo lo veo más político porque es tratar de controlar el pensamiento de la población”, señaló Pavel Conde, especialista en derecho informático.
Además, la intención de regular y controlar las redes sociales implica hurgar en la vida privada de los usuarios, aspecto que limitaría la libertad de expresión.
“Regular significaría meterse en la vida privada de una persona, lo cual va ser un poco complicado porque se generaría una colisión de derechos respecto a la libre expresión donde lastimosamente una persona tiene una manera de pensar que es propia del individuo, de un ser que tiene la idea de colgar una foto o un pensamiento y sería una afectación a sus derechos”, sostuvo Conde.
REYES
En tanto, Elizabeth Reyes, (UN) dijo que la intención del Gobierno de controlar las redes sociales técnicamente no es posible y la intención política es inaceptable porque se traduce en otra forma de amedrentar contra la libertad de expresión.
“Creo que esta iniciativa también es una forma de amedrentamiento que no va ir más allá, además que es imposible quien conoce la tecnología y quien sabe que las redes sociales no pueden ser controladas de la forma que cree el Gobierno, sin embargo, la intención es inaceptable, es una forma más de controlar a las personas, de evitar que pensemos distinto”, afirmó Reyes.
En ese contexto, sostuvo también que los hechos irregulares denunciados contra el Gobierno central como los hechos de corrupción no pueden ser escondidos por los gobernantes y que la población tiene derecho a conocer esas irregularidades y el medio más directo para ello, son las redes sociales que no son responsables de esas irregularidades.
“La mayoría de los escándalos de corrupción son absoluta responsabilidad del Gobierno de Evo Morales y la población tiene todo el derecho de conocer estos hechos”, sostuvo Reyes.
CASO FACEBOOK
En tanto, Conde utilizó como ejemplo el caso de la red social más utilizada por los bolivianos: el Facebook, cuyo ingreso a Bolivia fue sin ningún tipo de autorización.
“En Bolivia, el Facebook ingresó como si nada, no se conoció en ese momento el potencial o la repercusión que se podía dar a futuro y ya son diez años que tenemos al Facebook en nuestro territorio de forma masiva”, señaló Conde.
En contraste citó como ejemplo el caso de Alemania “que conocía del ingreso de la empresa transnacional del Facebook, le puso un alto solicitándole cuáles son sus características, sus funciones, el servicio que brinda y la utilidad respecto a la sociedad alemana y evidentemente ingresó, pero bajo algunas limitaciones”, expresó Conde.
En el caso de nuestro país, el experto sugirió que se debe trabajar en una campaña de concientización y educación sobre todo con los sectores más vulnerables como los niños y adolescentes, quienes deben estar conscientes de las consecuencias en el uso equivocado de las redes sociales
En caso de que quieran limitar algunas acciones ofensivas, sugirió al Gobierno primero lograr un marco jurídico y un acuerdo con las empresas transnacionales, en el sentido de que estas quizás podrían restringir algunas acciones.
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