El problema de cómo regular el flujo de información en internet no es nuevo. Desde sus orígenes, internet ha sido diseñado por diversos grupos de actores que han tomado decisiones sobre su infraestructura en base a intereses muy particulares. Si tomamos en cuenta que la arquitectura de internet tiene un impacto en nuestro comportamiento con respecto a esta red, podemos ver que nuestro uso en realidad ya está regulado.
El 22 de febrero de 2016, mientras finalizaba el conteo de votos por el referéndum para alargar el límite constitucional de términos presidenciales a favor del No, el presidente Evo Morales manifestó la necesidad de regular las redes sociales (RRSS) para proteger los valores de la juventud y al público de la distribución de noticias falsas y difamantes. La declaración del Presidente fue recibida con un rechazo que se viralizó justamente en las RRSS, pero que también fue escuchado en prensa, televisión y radio a través de opiniones de expertos, activistas por la libre expresión y ciudadanos preocupados por lo que significaría dicha regulación.
En este artículo exploro cómo se regula la comunicación y el flujo de información digital en internet actualmente, la propuesta de regulación de redes expuesta por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y posibles pasos a seguir a partir de esto.
¿Cómo se regulan las redes ahora?
Lawrence Lessig, abogado y académico de Derecho especializado en Derecho Informático, estudia extensamente el tema de la regulación de internet y nos presenta un modelo a tener en cuenta para hablar del tema. Nuestro comportamiento, dice él, es regulado por cuatro modalidades: las leyes, las normas sociales, el mercado, y la arquitectura (y aquí se refiere al mundo físico tal como lo encontramos).
Para explicar esto, Lessig pone el ejemplo de la pornografía1. Si entendemos que, como sociedad, hemos acordado que no queremos que la niñez tenga acceso a la pornografía, esto puede regularse con estas cuatro modalidades: una ley puede prohibir la venta de pornografía a personas menores de 18 años; una norma social puede establecer que se desprestigie la venta de pornografía, limitando así a quienes quisieran venderla pero prefieren “no verse mal”; el mercado limita al establecer un precio inaccesible para menores de edad; y en cuestión a arquitectura, las revistas pueden ser expuestas en sectores no accesibles a menores, en estantes altos, o con las portadas cubiertas.
Hacer estas cosas en el mundo virtual presenta desafíos complicados (¿cómo comprobar la edad de un usuario que solicita acceso a un sitio web con contenidos pornográficos?), pero no imposibles de resolver (los padres de familia pueden limitar el acceso a través de software en sus computadoras, afectando la arquitectura de acceso de forma individual y descentralizada).
El problema de cómo regular el flujo de información en internet no es nuevo. Desde sus orígenes, internet ha sido diseñado por diversos grupos de actores que han tomado decisiones sobre su infraestructura en base a intereses muy particulares. Si tomamos en cuenta que la arquitectura de internet tiene un impacto en nuestro comportamiento con respecto a esta red, podemos ver que nuestro uso en realidad ya está regulado.
¿Y en las redes sociales?
Empecemos por la arquitectura. Las redes sociales son aplicaciones de la red, de la world wide web —en sí misma una aplicación que funciona sobre la infraestructura de internet—. Son aplicaciones diseñadas por empresas privadas, pensemos en Google, Facebook, Twitter o YouTube, por ejemplo, que permiten cierto tipo de acciones y cierto tipo de comunicación. Sabemos que en Facebook podemos compartir textos relativamente largos o que nuestra actividad —nuestros comentarios o nuestros Me Gusta— son visibles para nuestros amigos. Sabemos que en Twitter debemos expresar ideas cortas, enlaces o fotos, y que si nuestra cuenta es pública pueden seguirnos desconocidos.
Pero el diseño solo no es lo único que determina lo que hacemos en RRSS. También entran las normas sociales, las formas en las que, de forma individual y colectiva, usamos las redes para comunicarnos en familia, entre amigos y con audiencias que no podemos llegar a imaginar completamente dada la estructura abierta de estas aplicaciones de RRSS.
El mercado regula nuestro comportamiento porque tener acceso a estas aplicaciones significa acceder a un dispositivo que permita establecer una conexión a internet y tener la capacidad de pagar por una conexión. Además regula qué servicios y productos elegimos para conectarnos. La ley tiene también un efecto. Así como la difamación o las amenazas son ilegales y penadas por ley en el mundo offline, también lo son en el mundo online. Una persona que ve sus derechos individuales afectados por expresiones en línea puede establecer acciones legales para protegerse.
Las RRSS, entonces, sí están reguladas de cuatro diferentes formas. Pero no solo eso, sino que estas modalidades interactúan y cada modalidad puede tener efectos directos o indirectos a través otra modalidad. Por esto, a pesar de que cuando Evo Morales propone “regular las RRSS” parece hablar únicamente de leyes que censurarían la libertad de expresión, hay que tomar en cuenta que “regular el comportamiento en RRSS” puede tomar diversas formas y afectar este comportamiento de una u otra manera.
Una manera positiva sería, por ejemplo, iniciar una campaña en escuelas y universidades a nivel nacional sobre buenas prácticas y seguridad en internet y en RRSS. Así regularía el comportamiento a través de normas sociales de forma productiva. Pero antes de soñar, mejor primero establecer qué es lo que se ha propuesto y qué problemas presenta esta propuesta.
La propuesta y sus problemas
En una conferencia de prensa, Víctor Borda, vicepresidente de Diputados, presentó un borrador de proyecto de ley para incluir tres tipos penales y así sancionar a los usuarios de las RRSS que “incurran en irregularidades”. Esos tipos penales son: la violación de datos personales, la afectación a la honra en las RRSS, y la creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos para cometer delitos. Borda mencionó además la prohibición del anonimato y la creación de un consejo nacional para el control de las RRSS.
El problema con esta propuesta es que, en primer lugar, presenta conceptos que no están bien definidos y por lo tanto son difíciles de entender, ni qué se diga de aplicar. Para hablar de datos personales, es necesario definirlos bien y entender qué usos se les pueden dar o no, y bajo qué condiciones.
En el caso de la honra, es necesario distinguir bien qué tipo de expresión es la que se quiere censurar y tener cuidado con ciertos límites. Javier Pallero, analista de políticas públicas de Access Now, escribió una reacción a esta propuesta manifestando una grave preocupación por este artículo2. Explicó que si bien la difamación es penada por ley, la honra de los funcionarios públicos no está protegida por el delito del desacato. Dice él que este delito —la difamación de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones— es inconstitucional debido a que “se considera contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión”.
En el caso del anonimato, es necesario establecer claramente que el anonimato está protegido por ley porque se considera valioso para una libre expresión en la democracia, porque permite que disidentes políticos, minorías en situación de vulnerabilidad o informantes periodísticos puedan expresarse sin ponerse en riesgo.
La idea de prohibir el anonimato en la red es problemática porque entra entonces en conflicto con la libertad de expresión, y porque es extremadamente complicada de aplicar.
Finalmente, el planteamiento de establecer un consejo nacional que monitoree constantemente la comunicación en RRSS no debe tomarse a la ligera, ya que, más allá de las complicaciones técnicas, esto implicaría una política de vigilancia a la ciudadanía. Como Javier Pallero explica, esta forma de vigilancia “solo debería estar autorizada en el marco de investigaciones judiciales y cumpliendo con requisitos de legalidad, necesariedad y proporcionalidad”3.
Faltan propuestas (y voces)
Es necesario enfatizar que la propuesta de Víctor Borda no ha salido de dicha conferencia de prensa y que no hemos visto hasta ahora el texto de la misma. Para debatir abiertamente este tema, debemos exigir que cualquier ley se desarrolle mediante un proceso transparente y participativo. Ahora que se ha abierto una oportunidad para hablar sobre cómo queremos comunicarnos en internet y qué tipo de espacios públicos queremos crear a través de las RRSS, es clave establecer plataformas de diálogo que estén abiertas a diversas voces e ideas.
Las conexiones a internet se han casi triplicado en los últimos cinco años. Actualmente hay más de seis millones de conexiones a internet en Bolivia y más de cuatro millones de ellas, mediante internet móvil, a través de celulares4.
Son muchas y diversas las comunidades que han aprovechado estas herramientas para hacer conocer sus temas, y muchísimas más las que se irán armando a medida de que más ciudadanos se conecten a internet. El Gobierno tiene una oportunidad de promover un diálogo constructivo sobre este tema.
Ya ha comenzado a trabajar el tema de Violencia Digital de forma sistemática y basada en datos5, ¿por qué no hacer lo mismo con el tema de acceso a internet o de alfabetización digital?
Hace unos días el ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que “iniciará una campaña de orientación para el mejor uso de las RRSS, que tomará en cuenta dos aspectos: valores y ortografía”. Pues es un comienzo, pero la alfabetización digital va mucho más allá.
Regular las RRSS puede tomar formas positivas y negativas. Qué tipo de sociedad boliviana en la era de la información queremos construir, depende de cómo respondemos a este diálogo.
Referencias:
1 Lawrence Lessig, “The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach,” Harvard Law Review, Volume 113, December 1999, pp. 501-546. (http://bit.ly/LessigLawOfHorse)
2 http://bit.ly/argumentoscontrolRRSSBO
3 https://es.necessaryandproportionate.org/text
4 http://bit.ly/ATTsept15
5 http://bit.ly/LeyViolenciaDigitalBO •
* Es paceña, estudiante doctoral en la Escuela de Comunicación de American University (Washington DC, EEUU), enfocada en la intersección de medios, tecnología y democracia.
