lunes, 13 de abril de 2015

Bolivia Presentan anteproyecto que regulará redes sociales

Los anuncios de las distintas autoridades sobre el control de las cuentas en redes sociales puede ser real porque ayer la directora de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, Melanie Torrico, informó que el anteproyecto de Ley de Regulación de Acceso a Internet para Prevenir la Trata y Tráfico de Personas, contiene preceptos que permitirán el control en los café-internet y también el seguimiento a cuentas en redes sociales a través del “patrullaje cibernético”.

“En realidad el patrullaje cibernético ya existe desde hace varios años, desde que existen las redes sociales en el país, el mecanismo como tal no podemos plantearlo así a través de los medios de comunicación son datos reservados que están al interior de la Policía Boliviana nosotros no podemos mostrar el trabajo de la Policía”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Torrico explicó que la norma, está dirigida principalmente al control de los cefé-internet a través de la instalación de cámaras de seguridad y un software que permitirá al administrador a bloquear las máquinas si los menores de edad acceden a páginas pornográficas.
También permitirá el seguimiento de los grupos de amigos y las cuentas de determinados grupos que son sospechosos de trata y tráfico, además de correos electrónicos que sean sospechoso; aunque no dijo cómo detectarán esos correos “sospechosos”.

Mayor control
La presentación de este anteproyecto generó de inmediato las disputas entre oficialistas y opositores, mientras la diputada Sonia Brito (MAS) calificó de “ridícula”, la sugerencia de que se intente controlar las cuentas de todas las personas y dijo que los datos sobre trata y tráfico en el país son alarmantes y por eso se pensó en esta ley.
Los opositores a través de los diputados Norma Piérola y Amilcar Barral descalificaron esta propuesta y manifestaron, por separado, que la intención del gobierno es silenciar las denuncias que realizan a través de redes sociales, como es el caso del Fondo Indígena

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